Parece como si hubiese un mundo paralelo al real, en el que conseguir el artículo que deseemos es más fácil conseguirlo de manera informal que en los comercios regulares. Y si la oferta es buena, es porque la demanda es mejor aún.
Esta es una situación que trasciende fronteras: Honduras pierde millones de quintales de café, entre Guatemala y México es frecuente el trasiego ilegal de combustibles y otros productos derivados de petróleo; y muchas personas compran medicamentos en Nicaragua para venderlos sin ningún tipo de control en Costa Rica.
Un estudio realizado hace dos años en Guatemala por la Fundación Konrad Adenauer, asegura que el flujo transfronterizo de dinero obtenido de manera ilícita gracias a actividades ilegales como el contrabando, alcanzó entre el año 2003 y el 2012, la alarmante cifra de $154,532 millones, de los cuales casi $94.000 millones son registrados por Costa Rica, es decir un 61%.
Muchos costarricenses se han dejado seducir por la comodidad económica que ofrece el contrabando, sin comprender que no solo le están haciendo daño al país, si no que ellos mismos corren peligro. Este mismo estudio, señala que en nuestro país un 35% de la población admite haber comprado un producto de contrabando.
Otro hallazgo relevante, es que a nivel regional existe una deficiencia de control de la cantidad real de productos de contrabando y de lo que esto significa para la economía, debido a que no existen metodologías definidas para realizar las estimaciones.
Coincidimos en este punto, pues hasta el momento no hay un compromiso real por parte de las autoridades competentes. Es claro que las instituciones de gobierno encargadas de la administración de las aduanas son los principales instrumentos en el combate a la defraudación y el contrabando, pero también se debe contar con el involucramiento de otras entidades de apoyo que coadyuven a combatir estas prácticas ilegales.
Y todos tienen a su disposición a la tecnología, como en reiteradas ocasiones hemos explicado, los sistemas de trazabilidad y los códigos de barras son unos excelentes aliados para esta lucha. Lo que hace falta es una normativa clara y establecida que reúna a los involucrados y genere una guía de acciones concretas.
Este año que arranca, es la más clara posibilidad para que todos y todas aportemos y logremos luchar contra esta problemática, ya sea como consumidores o como autoridades. Podemos dejar de lado la cultura de quejarnos sin plantear una solución.