Wilbert Arroyo Álvarez

Wilbert Arroyo Álvarez

Con motivo de mis dos anteriores comentarios sobre malas prácticas de  jueces, tuve decenas de llamadas y mensajes por medio de las redes sociales, que Internet ahora ofrece.
La mayoría fue de colegas abogados y  de otras personas usuarias que además de validar las observaciones que hice me preguntaban qué hacer.
Ciertamente esa omisión es imperdonable pues SÍ existen las instancias, dentro del engranaje del Poder Judicial, para acudir en caso de que se esté sufriendo alguna situación que ponga “trabas” en procesos judiciales en los que se interviene como abogados o partes, en un proceso.
Efectivamente, existe la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, creada hace 10 años, por iniciativa del actual presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, como una alternativa a la instancia propiamente disciplinaria y cuyo fin, en palabras de este alto funcionario,  “… es ser un mecanismo que facilite y fortalezca una sana relación con los usuarios y permita una participación activa en la crítica constructiva de los servicios para lograr no sólo resolver, sino prevenir problemas que diariamente se presentan en relación con los quehaceres de quienes laboran para este Poder de la República”.
La Contralora Judicial es la Licda. Lena White Curling, una insigne funcionaria, de trato afable y eficientísima en su  tarea de velar porque el usuario, reciba la mejor atención en cada una de las diligencias que realice en cualquier dependencia judicial.
Igualmente, en cada cabecera de circuitos judiciales del país existen las llamadas Comisiones de Usuarios del Poder Judicial, cuyos fines son extender, con ambas manos, lo que la Contraloría tiene como misión.
Igualmente, desde hace 90 años existe la Inspección Judicial, cuya función es aplicar el régimen disciplinario.
La Inspección está  a cargo de un Tribunal e inspectores quienes, ante la denuncia que se les planteé por algún usuario judicial o cuando la Corte, su jerarca, de oficio así lo disponga,  iniciar el proceso disciplinario en contra de actuaciones de servidores judiciales, incluidos los jueces, de modo que se determine si se debe imponer una sanción, incluso el despido, a quienes hayan incumplido con los deberes señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normativa al respecto.
Además la Inspección deberá fiscalizar y vigilar el accionar en los despachos, de empleados y funcionarios, en procura de una correcta, oportuna y transparente administración de justicia cuya meta sea  brindar una eficiente atención a todos quienes acuden a ellos.
De modo que, ante las malas prácticas de funcionarios judiciales de cualquier rango, incluyendo a los jueces, hay dos instancias que gozan de la confianza, interna e externa, para fiscalizar, intervenir y, en su caso, sancionar sin miramientos a quienes así actúen.
Más que un derecho es un deber acudir a ellas, sin temor alguno de que se revertirá en su contra las denuncias que se hagan contra esos malos funcionarios pues es con la participación activa y constructiva de todos los ciudadanos que podremos contar con los mejores hombres y mujeres encargados de que la administración de justicia en Costa Rica no sea letra muerta en la Constitución Política y en las leyes.
Con motivo de mis dos anteriores comentarios sobre malas prácticas de  jueces, tuve decenas de llamadas y mensajes por medio de las redes sociales, que Internet ahora ofrece.
La mayoría fue de colegas abogados y  de otras personas usuarias que además de validar las observaciones que hice me preguntaban qué hacer.
El tiempo transcurre, sigilosamente; sin prisa. Y con él vamos todos: en un silente paso. Sabemos que no hay marcha atrás y que aquél no espera a nadie ni a nada. Quienes hemos caminado ya algún trecho sabemos qué hemos andado pero no sabremos, nunca, cuánto y qué nos falta por recorrer. Hoy estamos, mañana tal vez.
Es un devenir donde no hay nada seguro, salvo la inevitable muerte. Todos y todo muere, algún día. Nada se mantiene igual. Cada día, el despertar es un empezar de cero. Lo hecho, hecho está y no cuenta sino, quizá, como experiencia, positiva o negativa, pero nunca más volverá a suceder.
Lo que cuenta es el aquí y ahora. ¡Nada-más!
Hoy, en este momento, sólo tenemos el instante mismo que vivimos. Y también, en un instante dejaremos de “ser” para siempre, según el “libreto” de nuestras vidas. Cada vida es única; es un destino: propio, irrepetible que, incluso, algunas veces, se escribe en un suspiro, una sola letra que no nos lleva más allá de haber simplemente nacido.
Otras veces, son verdaderos mamotretos, con miles de hojas y que, en cada una están los más mínimos detalles. Todo está ahí; no falta ni sobra nada. Cada palabra, punto y coma están escritas y nada ni nadie-puede-cambiarlas.
No es cierto, como dijo Amado Nervo, que somos los arquitectos de nuestro propio destino. No. Somos sólo destinos; actores de una obra de teatro. No podemos cambiar, variar, ni acabar nada si no está ahí escrito. Hasta eso que creemos que "dependió" de nuestra propia voluntad está expreso, esculpido en piedra y así será, sin excepción. Y con esa “guía de puerto” zarparemos si así se dispuso y, sino, anclaremos para siempre sin saber ni ver más allá de ese horizonte que logra verse a poca o larga  distancia,-según-a cada quien le fue dado.
Y así, nos iremos solos, sin previo aviso, sin despedida alguna, de nadie ni de nada…Sólo necesitaremos “estar” y en milésimas de segundos no seremos sino un cuerpo yacente, inerte, una mera cosa, que no humana, inicia un nuevo ciclo de transformación, de la que no quedará sino los recuerdos, buenos y malos...y solamente por algún tiempo, pues hasta el “más importante” pasará al olvido definitivo.
Es el ciclo existencial del “ser” y del “estar”; el “aquí” y el “ahora”: ni más ni menos. Por eso, vivamos; sólo vivamos el instante que se nos dio, pues en un santiamén podríamos dejar de ser y estar, para siempre.
Y no piense Ud. que “me” estoy muriendo; pensemos que nos estamos muriendo, poco a poco y que cada día que pasa no es uno más sino uno menos, según lo tiene escrito el libro de la vida…y de la muerte.
El tiempo transcurre, sigilosamente; sin prisa. Y con él vamos todos: en un silente paso. Sabemos que no hay marcha atrás y que aquél no espera a nadie ni a nada. Quienes hemos caminado ya algún trecho sabemos qué hemos andado pero no sabremos, nunca, cuánto y qué nos falta por recorrer. Hoy estamos, mañana tal vez.

Finalizaba el año y corría para atender asuntos en los tribunales, cuando sorpresivamente alguien me saludó. Como no recordé quién era, éste obeso y pequeño hombre, con aires de sorprendido, acomodándose su mostacho y con fuerte voz, me recordó que habíamos sido compañeros de primaria. Igual, no recordé. No obstante, luego de saludarnos y tratar de hacer memoria, sin mayor preámbulo me preguntó qué había hecho “con mi vida”.

Le conté que ejercía como abogado y, por lo demás,  todo bien. Con cara de pocos amigos, y como si no le hubiera gustado  que me hubiera dedicado casi toda mi vida a estudiar, me increpó que no se explicaba cómo alguien "perdía el tiempo" en pasarse entre libros si había tanto "negocio en la calle".

No pude decir nada. Sólo pensaba que mi lentes bifocales, mis canas en ciernes, mi corbata que apretaba mi asfixiada garganta y mis "libros" (códigos) que cargaba en mi me pesado bulto, no le significaban nada. Por el contrario se presentó como un próspero comerciante y que si andaba por los pasillos judiciales era porque un "hijo de madre" había osado acusarlo, "injustamente".

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En 1926, Piero Calamandrei, insigne iusprocesalista, escribió su obra “Demasiados Abogados”: una denuncia  a la decadencia intelectual y moral de la abogacía, ante la proliferación de abogados por el gran número de “Facultades de Derecho”, poniendo énfasis en la calidad de la enseñanza del derecho.
Sesenta años después, en 1986, en Costa Rica, la igualmente destacada jurista Elizabeth Odio, actual jueza del Tribunal Penal Internacional, inauguró, magistralmente, el ciclo lectivo en la  Facultad de Derecho de la U.C.R, disertando sobre igual tema, llamando la atención por el mismo fenómeno de la proliferación de escuelas de derecho.
Efectivamente, no había pasado una década, desde que se permitió la apertura de universidades privadas, que contaban con escuelas de leyes y ya se sentía el aumento de abogados en Costa Rica.
Hoy hay más muchísimos centros universitarios y la tendencia al alza de los abogados y abogadas parece no tener límites. Sin embargo, eso, ahora, no debe ser la preocupación, pues cada día hay más personas que quieren estudiar derecho  y ello no puede ser coartado. El punto está, más bien, en la CALIDAD antes que en la CANTIDAD de estos profesionales que rondan, hoy, los 20 mil abogados.
Así las escuelas de Derecho, incluida la estatal, pretenden desechar el modelo tradicional de enseñanza, hacia innovaciones que privilegien, además de los “conocimientos jurídicos”, las destrezas y cualidades que requiere el “abogado globalizado”.
Ahora bien, la fuerte demanda estudiantil para estudiar Derecho y los costos que ello tiene, además del examen de  “ingreso” de universidades privadas, que al paso del tiempo han ido ganando su prestigio, por rigurosas, son el “pretexto” perfecto para que no falten los “mercaderes de la enseñanza” ( así también en otras carreras).
Son gente inescrupulosa que “instala” escuelas de Derecho con nula calidad académica. En contrapartida, entonces, el estudiante es retribuido con una cierta “garantía” en la obtención de su título, en un breve tiempo, importando, eso sí, que paguen puntualmente sus caras matrículas.
En toda América Latina han proliferado las llamadas universidades de “garaje”, con cuartuchos como aulas y algunos improvisados “profesores”, sin formación y dirección alguna. La ecuación es una educación barata que proporciona un muy buen beneficio económico al “empresario” y ese es su único objetivo.
Para ello, se hace impostergable retomar y dar sigiloso seguimiento, hasta su definitiva aprobación, de la ley que regularía el Examen de Incorporación al Colegio de Abogados. Con los notarios ya se hizo lo propio; con los abogados hay que hacer más que eso.
Nunca, en ninguna profesión serán suficientes, pues la calidad, que es la se impone entre oferta y demanda, es la que imperará. Por eso, al celebrarse los 130 años de fundado este Colegio y con motivo de la elección de nuevos directivos este 3 de diciembre, que sea este el norte de la nuevas autoridades que sean electas.
En 1926, Piero Calamandrei, insigne iusprocesalista, escribió su obra “Demasiados Abogados”: una denuncia  a la decadencia intelectual y moral de la abogacía, ante la proliferación de abogados por el gran número de “Facultades de Derecho”, poniendo énfasis en la calidad de la enseñanza del derecho.
El 1 de octubre de 1976 se celebró, y así lo registró la prensa nacional, con notas y editoriales, el acontecimiento histórico de que en esa fecha, hacía 150 años, en 1826, se había instalado la “Corte Superior de Justicia”, por lo que se develó una placa y asistieron las más altas autoridades a una sesión solemne del Poder Judicial.
Por tal motivo, el gobierno de la República, en carta que envió al Lic. Fernando Coto, presidente, a la sazón, de este poder, le expresó que “siglo y medio es casi la historia completa de la República, lo que no debe pasar inadvertida, dado que ello ha significado el proceso de consolidación de la efectiva vigencia de los principios fundamentales que hacen real un estado de derecho” (La Nación, 26 A).
Años después, en 1989, el Poder Judicial pasaba por momentos difíciles y la llamada Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa investigaba, entre otros funcionarios, a algunos magistrados.
Por ello, ante tal arremetida, surgieron varias ideas a fin de paliar, en algo, el daño que, desde afuera e internamente, todo eso provocaba. Se acordó realizar un documental que  mostrara la vital importancia de este pilar judicial para la democracia costarricense. Se me asignó, con separación temporal de mi cargo de juez, que redactara el guión para tal propósito.
Al final, como la obra audiovisual resultaba muy onerosa no se hizo por lo que le propuse, al entonces presidente del Poder Judicial, don Miguel Blanco, que, con base en aquel trabajo, se montara una muestra documental pública, en el vestíbulo en su sede.
Así se hizo y colaboró el Archivo Nacional.  Se decidió celebrar 160 años desde que un 23 de marzo de 1829 la Corte le había comunicado al Congreso Constitucional que, por fin, había sesionado y votado, “bajo los auspicios y protección de María Santícima (sic) de la Concepción”. Aquella actividad contó con la presencia de altas autoridades de gobierno y un sentido discurso que pronunció la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de la República, doña Victoria Garrón de Dorian.
En el 2006, para recordar los 180 años de instalada la Corte, y a 17 años después de la primera, propuse que de nuevo se mostrara aquella selección documental, lo que fue la antesala de una solemnísima sesión de Corte Plena, que presidió el actual presidente don Luis Paulino Mora y que convocó a altas personalidades públicas y ciudadanos en general.
Este 1 de octubre se celebrará 185 años de ese hecho histórico, con lo que se pretende mantener viva la memoria histórica del Poder Judicial y como lo dijo D Luis Paulino Mora,  en la anterior ocasión, para que se entienda que la administración de justicia “debe ubicarse en un sitial de honor en la sociedad costarricense”.
¡Que sea, pues, este 185 aniversario de la Corte y la actividades que se harán por ese motivo, la culminación de los festejos que le han precedido en los 190 años de la Independencia Patria!
El 1 de octubre de 1976 se celebró, y así lo registró la prensa nacional, con notas y editoriales, el acontecimiento histórico de que en esa fecha, hacía 150 años, en 1826, se había instalado la “Corte Superior de Justicia”, por lo que se develó una placa y asistieron las más altas autoridades a una sesión solemne del Poder Judicial.

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