Cuando, el año pasado, los costarricenses amanecimos con la buena nueva de que se había logrado renovar totalmente el sindicato de trabajadores de JAPDEVA, hubo una contenida alegría generalizada pues parecía imposible que el orden retornaba al hermoso puerto de Limón.

La gente, aún estaba incrédula de que, por fin, se ponía coto a un período de “tiranía sindical”. Era como si, luego de una muy larga y pesada noche, en Limón y en toda Costa Rica, salía, esplendoroso, de nuevo el sol.

Y fue más el entusiasmo cuando se supo que los nuevos dirigentes sindicales habían dispuesto dejar atrás los años de vagancia y que con la nueva y razonable convención colectiva se trabajaría los 365 días del año.

Ya los aciagos días en que una camarilla dejaría de explotar una institución pública se acababan y, ¡vaya contrasentido!, se “permitiría” trabajar a los más de mil trabajadores portuarios.

Pero la dicha duró poco: cuatro de los siete magistrados de la Sala Constitucional y para asombro de muchos, ordenaron “... reinstalar a la Junta Directiva anterior” (sentencia N° 2010-14193), o sea volvían los odiosos privilegios de unos pocos y el carnaval se reanudaría con las comparsas de los mismos que no dejaban de festejar la decisión de un órgano que, cuando no ha resuelto a su favor ha sido “oligarca” pero que ahora era “la democracia re-encarnada”, por haberles hecho “justicia gremial”.

Ciertamente, en un Estado de Derecho debe acatarse las sentencias de los Tribunales de Justicia. Ya vendrá el día que se corrija el entuerto; por lo pronto volvieron los nublados, el sol se ocultó y no es posible continuar por la senda  trazada.

Sin embargo, la esperanza nunca se debe perder pues, para dicha de los que creemos en la democracia, el derecho no es pétreo y deberá ajustarse, continuamente, a la realidad que se impone.

Por ahora y a pesar de las actitudes de quienes ya mostraron sus colmillos cuando decidieron no trabajar el 15 de setiembre del 2010 se espera que la Sala Constitucional dimensione su fallo, sobre todo respecto de las reglas que deberán acatarse en las  próximas elecciones de la Junta Directiva sindical pues si las nulidades alcanzaron  “... la designación de la nueva Junta Directiva” (sic), materia puramente electoral, ese alto órgano debe señalar, con lujo de detalles, cuáles son las reglas “debidas”, en tal proceso.

Los trabajadores muelleros, en este próximo proceso electoral decidirán si pierden para sí, su familia y Limón la oportunidad de salir de la pobreza en que la mantiene un grupo sindical pernicioso o dan un salto al desarrollo, con una dirigencia que los lleve a la prosperidad por tantos años deseada.

Cuando, el año pasado, los costarricenses amanecimos con la buena nueva de que se había logrado renovar totalmente el sindicato de trabajadores de JAPDEVA, hubo una contenida alegría generalizada pues parecía imposible que el orden retornaba al hermoso puerto de Limón.

La gente, aún estaba incrédula de que, por fin, se ponía coto a un período de “tiranía sindical”. Era como si, luego de una muy larga y pesada noche, en Limón y en toda Costa Rica, salía, esplendoroso, de nuevo el sol.

El pasado 1 de octubre la Corte Suprema de Justicia celebra, en sesión solemne, sus  184 años  de su “efectiva” instalación.

Este hecho resulta de especial importancia recordarlo, para entender lo qué es el Poder Judicial y enfatizar sobre algunos temas  de importancia:

Primero: La necesidad de una modernización constante del Poder Judicial, respondiendo, hoy, a la “sociedad de la información y el conocimiento” en las que el mundo se encuentra y de la que las actuales autoridades judiciales ha sabido responder adecuadamente, según lo demandan las circunstancias que vive el país.

Segundo: Para cumplir con el principio constitucional de hacer justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con la Constitución Política y demás  leyes, que el Estado le procuré al Poder Judicial, con absoluta prioridad, el respaldo presupuestario suficiente para responder a las exigencias de un país en acelerado tránsito al desarrollo, en todos los niveles.

Tercero: Deben aprobarse las leyes, casi todas propuestas por el mismo Poder judicial, de vital importancia, en ámbitos administrativos, fiscales y jurisdiccionales que urgen a fin de lograr la eficiencia  y la eficacia,  judicial y jurisdiccional, que se le exigen al Poder Judicial, como son, entre otras  temáticas,  las de seguridad y crimen organizado.

Cuarto: Atender otros asuntos y reformas legislativas como la “desjudicialización” de ciertas materias, que han hecho nido, sin justificación, en el órgano judicial; la aprobación de Códigos,  sustantivos y procesales; reformas constitucionales urgentes para dinamizar el Poder Judicial, entre la que destaca una profunda reingeniería de la  Sala Constitucional.

Para atender los anteriores cometidos, que no son sino algunos de los tantos que urgen, hay que tener presente que el Poder Judicial es un poder que estará, siempre, en continuos cambios, pues así lo exige la “realidad” circundante.

Como se ha dicho, en reiteradas ocasiones: “…Si examinamos el siglo XIX, el Estado costarricense pronto organizó y tuvo muy claro cómo estructurar el Poder Ejecutivo y al Legislativo, pero el Judicial fue un problema tras otro, un traspié y más equivocaciones y todavía podría verse que estamos haciendo esfuerzos para organizar ese sector del Estado, cuando ya los otros están sólidos en su definición.   Esto se debe, tal vez a que el derecho y la justicia son cuestiones muy delicadas, graves y tenues que se contraponen a la meridianidad de la política y a la facilidad de ejecución de las obras ( Guier, Jorge)”

Que al conmemorarse un año más de instalada la Corte,  el Poder Judicial se le fortalezca para que continúe siendo el garante, por excelencia, de la estabilidad política, económica y social del país y de la sólida democracia que será la mejor herencia que dejaremos a las futuras generaciones de costarricenses.

El pasado 1 de octubre la Corte Suprema de Justicia celebra, en sesión solemne, sus  184 años  de su “efectiva” instalación.

Este hecho resulta de especial importancia recordarlo, para entender lo qué es el Poder Judicial y enfatizar sobre algunos temas  de importancia:

Está pronta la elección de Alcaldes y otros representantes populares, el próximo 5 de diciembre. Anote en su calendario esa importante fecha para que no olvide ir a votar por quienes quieran, con absoluta libertad.

El sistema democrático del país es de los más preciados valores que aún nos queda y no podemos darnos el lujo de desperdiciar la oportunidad de acudir, ante el llamado del Tribunal Supremo de Elecciones, a emitir nuestro voto. La democracia la hacemos día a día y desconocer, irresponsablemente,  este llamado, es contribuir a invalidarla.

La democracia no es nuestra; es un préstamo de nuestros hijos que esperan ansiosos el día que puedan también decidir, por sí, quiénes desean que les represente en los distintos órganos del Estado.

Este pueblo maravilloso, que antaño hacía gala de manifestaciones patrióticas ante las elecciones de sus autoridades, ha venido sufriendo un proceso de desencanto por razones que, aunque entendibles, no deberían sino provocarnos todo lo contrario, utilizando de nuestro derecho a elegir a quienes, verdaderamente, sin ambiciones personales, desean trabajar para el cantón donde habitamos.

No se vale, por ello, la improvisación ni la confrontación con el gobierno central, si queremos que el nuevo Alcalde tenga el poder suficiente y el dinero necesario para erigir en obras y proyectos de bien común, su labor de los próximos años frente a la administración municipal.

Si revisamos la lista de quiénes son los candidatos cantonales, veremos que hay partidos con candidatos sin experiencia alguna o aquellos camaleónicos que crearon su partido a la talla de sus ambiciones pero que no tienen ni la formación, ni la experiencia y mucho menos los contactos estatales sólidos para confiar en ellos y sus promesas.

En fin, existe un abanico de  posibilidades para escoger a los mejores y éstos serán quienes harán posible que la región a su cargo sea próspera para todos.

A los candidatos preguntémosle y averigüemos quiénes son y sabremos qué confianza nos merecen; no debemos ni podemos jugárnosla eligiendo a alguien para que llegue a sólo a calentar una silla y ganar un jugoso salario pues llega a hacer nada, sin posibilidad alguna de tender los puentes necesarios para una eficiente gestión. Craso error cometeríamos si nos dejamos ir por la propaganda hueca pues sabremos, en pocos meses, cuánto nos arrepentiremos.

Pero bien, que esto no nos quite el impulso de involucrarnos en nuestras comunidades y votemos por quienes se comprometan en resolver la gran cantidad de problemas que tenemos en nuestros barrios, empezando por la inseguridad ciudadana y todo lo que ello trae consigo.

Que sirvan estas palabras para motivarnos e ir a votar por quien si podrá llevar adelante lo que hoy promete, pues cuenta con el respaldo estatal para sacar la tarea.

Por todo lo anterior, vayamos  a votar este 5 de diciembre, muy tempranito y recordemos que donde hay democracia, con nuestro voto la revalidamos cada vez que lo ejercemos.

Está pronta la elección de Alcaldes y otros representantes populares, el próximo 5 de diciembre. Anote en su calendario esa importante fecha para que no olvide ir a votar por quienes quieran, con absoluta libertad.

Cuando, hace unos meses, los costarricenses amanecimos con la buena nueva de que se había logrado renovar totalmente el sindicato de trabajadores de JAPDEVA, hubo una contenida alegría generalizada pues parecía imposible que “Macondo”, el pueblo próspero de la novela “Cien años de Soledad”, de Gabriel García Márquez,  se hacía realidad en la bella provincia de Limón.

La gente, aún incrédula de que por fin se ponía fin a un período de “tiranía sindical”, que se adueñó de tierras, bienes y conciencias de muchos, había acabado. Era como si, luego de una muy larga noche, en Limón y en toda Costa Rica, salía el sol de nuevo.

Y fue más el entusiasmo de los costarricenses cuando se enteraron de que los nuevos dirigentes sindicales habían dispuesto dejar atrás los años de privilegios y que con la nueva y razonable convención colectiva se trabajaría los 365 días del año.

Ya los aciagos días en que una camarilla dejaría de explotar una institución pública se acababan y, ¡vaya contrasentido!, se “permitiría” trabajar a los más de mil trabajadores portuarios.

Pero la dicha duró poco: por órdenes de cuatro de los siete magistrados de la Sala Constitucional y para asombro de muchos, se ordenó “... reinstalar a la Junta Directiva anterior” (sentencia N° 2010-14193), o sea volvían los odiosos privilegios de unos pocos y el carnaval se reanudaría con las comparsas de los mismos que no dejaban de festejar la decisión de un órgano que, cuando no ha resuelto a su favor ha sido “oligarca” pero que ahora era “la democracia re-encarnada”, por haberles hecho “justicia gremial”.

Ciertamente, en un Estado de Derecho debe acatarse las sentencias de los Tribunales de Justicia. Ya vendrá el día que se corrija el entuerto; por lo pronto persisten los nublados que no permiten continuar por la senda  trazada.

La esperanza es la que nunca se debe perder pues, para dicha de los que creemos en la democracia, el derecho no es pétreo y deberá ajustarse, continuamente, a la realidad que se impone.

Por ahora y a pesar de las actitudes de quienes ya mostraron sus colmillos cuando decidieron no trabajar el pasado 15 de setiembre, con los millones de pérdidas en dólares que provocaron al país, hay que aguardar que la Sala dimensione su fallo, no sólo respecto de las nulidades puntuales que indica la parte dispositiva de la resolución, sino también para que no dejé a interpretaciones de nadie las reglas que deberán acatarse en las  próximas elecciones de la Junta Directiva sindical pues si las nulidades alcanzaron  “... la designación de la nueva Junta Directiva” (sic), materia puramente electoral, ese alto órgano debe señalar, con lujo de detalles, cuáles son las reglas “debidas”, en tal proceso.

Ojalá que el Macondo limonense no lo atrape “la peste del olvido” y debamos soportar vivir cien años sin trabajar.

Cuando, hace unos meses, los costarricenses amanecimos con la buena nueva de que se había logrado renovar totalmente el sindicato de trabajadores de JAPDEVA, hubo una contenida alegría generalizada pues parecía imposible que “Macondo”, el pueblo próspero de la novela “Cien años de Soledad”, de Gabriel García Márquez,  se hacía realidad en la bella provincia de Limón.

Costa Rica es un país por mucho privilegiado por sus avances tecnológicos, una económica estable; con una centenaria democracia que ha permitido su desarrollo cultural y social. En fin, este país tiene todo para ser un país desarrollado.

No obstante y a pesar del esfuerzo que han hecho las autoridades, así como las organizaciones ciudadanas, en cada rincón del país, para afrontar muchos problemas, aún falta bastante qué hacer.

La inseguridad ciudadana encabeza la principal preocupación del costarricense, según lo revelan encuestas de opinión, hechas con frecuencia, desde hace años.

Cada día se dan todo tipo de delincuencias, lo que ha hecho que los ciudadanos ni siquiera puedan estar seguros en sus propias casas.

Ya en las barriadas, donde, hace unos años, lo más trágico de la semana era el borracho que armó una escaramuza en la cantina, es un asunto que se recuerda hasta con nostalgia.

Ahora, es la matanza a tiros entre pandillas de narcotráficos lo que desvive a la población, con saldos humanos tan lamentables como la muerte de niños, en el fuego cruzado entre quienes se adueñaron no sólo del territorio de todos sino, y quizá más importante, de la paz y  tranquilidad con que los costarricenses forjaron un estilo de convivencia, por muchos otros países admirado e, incluso, envidiado.

Hoy el crimen organizado es el que quiere imponerse: hace y deshace en esas calles de nadie, donde los balazos van y vienen, así sea que se esté en la antaña paz del hogar.

Las autoridades de este y los anteriores gobiernos han tratado de afrontar y dar solución definitiva a esta oleada criminal pero, de nuevo, las posturas políticas e ideológicas de grupos opositores dan al traste y cada uno quiere jalar para su lado y majarle el mecate a quienes se les dio el poder para administrar la cosa pública.

Por ello, si los costarricenses no ponen las barbas a remojo y dejan de ver hacia el lado, como si no fuera con ellos, el asunto podría convertirse en algo irreversible y se estará a las puertas de baños de sangre, como sucede en México, con casi dos millones más de territorio, por Km. cuadrado, donde hoy se ven masacradas  poblaciones enteras, sin que las autoridades ya puedan hacer algo. Y todo por haber negado una realidad que se presentaba en sus narices pero que nadie quiso hacer nada hasta que ya hoy es muy tarde.

Por lo anterior, es hora, en Costa Rica de forjar alianzas entre los actores políticos y sociales del país, si de verdad no se quiere que los problemas con la delincuencia organizada, que de por sí ya es una realidad, se imponga, sin posibilidad alguna de sobrevivir como la sociedad que una vez fue “la suiza centroamericana”.

Costa Rica es un país por mucho privilegiado por sus avances tecnológicos, una económica estable; con una centenaria democracia que ha permitido su desarrollo cultural y social. En fin, este país tiene todo para ser un país desarrollado.

Siempre, desde nuestra independencia, en 1821, cuando Costa Rica asumió su propia “administración política”, se ha discutido sobre el mejor sistema para la elección de los Magistrados que administrarán justicia y dirigirán el gobierno del Poder Judicial.

 Aunque lo que podría llamarse “independencia jurídica” de España no se tuvo sino hasta que se promulgó el Código de Carrillo, en 1842, la cuestión “judicial” sí se definió, a grandes rasgos, desde el Pacto de Concordia de 1821 y decretos legislativos para la administración de justicia “en cualquier instancia”,  instalándose la Suprema Corte de Justicia, el 1 de octubre de 1826, luego de muchos intentos fallidos por la carencia de quienes conocieran mínimamente los rudimentos legales de la época, pues no se contaba con abogados “criollos”, dada la gran pobreza del país, cuyos habitantes se dedicaban a la agricultura de subsistencia. De tal modo que los primeros integrantes de nuestra Corte y otros tribunales de justicia la integraron legos en la materia o abogados, que eran llamados de Nicaragua y Guatemala.

 De los asuntos de mayor interés que se dispusieron en aquélla y las otras Cartas Políticas que le sucedieron, estuvo  lo relativo al nombramiento de los Magistrados. Primero se dispuso que la designación de estos altos funcionarios de Estado, fuera por elección directa del pueblo, pero dada la pobreza imperante, nunca se contaba con candidatos que de asumir el cargo tuvieran el capital necesario que exigía la ley como “seguro de fidelidad”; luego, en épocas de Braulio Carrillo, se dispuso que  fuera el Poder Ejecutivo el que hiciera tal nombramiento, hasta que, como lo es actualmente, lo fue por elección indirecta, por medio de la Asamblea Legislativa, a cargo de los diputados, como representantes populares. Unos y otros sistemas se han sustituido y alternado, siendo el último el que más tiempo tiene, pues data de 1847.

 Mucho se ha discutido en torno a este tema y mucho falta por decirse. Ha habido muchos proyectos de reforma legal y constitucional -hoy archivados-, que nacen al calor de la discusión en cada nombramiento o reelección de algún Magistrado.

Las lógicas diferencias políticas de cada partido en la Asamblea, hace pensar que la forma por la que se nombra a esta clase de funcionarios, debe ser sumamente cuidadosa para no afectar al Poder Judicial, que como poder político que es, se constituye, junto a los otros dos, en Pilar Fundamental del Estado de Derecho costarricense.

Si en el siglo XIX y la primera mitad del XX este Poder lo era tan sólo formalmente (en el papel de las muchas constituciones políticas), desde hace sesenta años éste ha pasado a ser un verdadero poder político y se ha logrado democratizar la integración de la Corte, con el acceso de personas no necesariamente provenientes de las familias políticas tradicionales, como era bastante normal, hace un siglo, en que el Presidente de la República pasaba, fácilmente a ser el Presidente del Parlamento o de  la Corte, o que sus Ministros pasaran a ser Magistrados.

El sistema de elección actual, aunque criticado, no ha tenido una mejor alternativa y debe fortalecerse en su base democrática y eso se ha logrado en buena parte con la creación de la llamada Comisión de Nombramientos, lo que constituye un gran acierto y deben reconocerse sus méritos. Y aunque no está reglado por ley especial, como en el caso del nombramiento de Defensor y Defensor Adjunto de los Habitantes, debe ampliarse sus competencias, conforme a la actual experiencia en el caso del escogimiento de Magistrados y demás altos funcionarios públicos que corresponde hacer a la Asamblea Legislativa.

El sólo hecho de ver a colegas,  jueces o abogados, presentándose ante una Comisión de Diputados, quienes escuchan y preguntan, sin formalismos y formulismos, pero con mucho respeto y deferencia, es muy satisfactorio.

Sea cual fuere los candidatos propuestos al plenario legislativo, de la lista de quienes legítimamente concursan en esta ocasión para varias Salas de la Corte Suprema de Justicia,  es, sin duda alguna, rescatar la majestad del cargo de Magistrado, tan venida a menos cuando simplemente se imponía un nombre, por amistad o compromiso político.

También fue muy destacable, y eso debe de llenar de optimismo a todos los costarricenses, contrario a lo que vivió Costa Rica al iniciarse en su vida independiente, que se cuente con excelentes abogado/as en quienes hacer la mejor escogencia para ocupar un cargo de Magistrado Judicial.

Por la reconocida integridad moral y ética de quienes componen esa Comisión; por la experiencia que está adquiriendo, por los propósitos por la que fue creada, por la sanidad del sistema, ya caduco y antidemocrático, ojalá que con el transcurrir del tiempo, se fortalezca el espacio abierto y que en ésta y cualquier otra elección prevalezca los mejores criterios que garanticen idoneidad real, efectiva y constatable de los candidatos y se descarten consideraciones de filiación o herencia o cercanía política, , pues para que el sistema funcione debe desterrarse desde esas nefastas prácticas, sin que por ello se pierda la perspectiva de que cada ciudadano por el hecho de serlo tendrá la opción política que desea, pero que no sea esa circunstancia la determinante para ocupar un cargo de tanta relevancia nacional pues flaco favor harían los señores Diputados a la Patria y al pueblo que representan.

Siempre, desde nuestra independencia, en 1821, cuando Costa Rica asumió su propia “administración política”, se ha discutido sobre el mejor sistema para la elección de los Magistrados que administrarán justicia y dirigirán el gobierno del Poder Judicial.