Jueves, 03 Noviembre 2016 07:04

En defensa de nuestros agricultores

La Asamblea Legislativa aprobó un proyecto para autorizar al Instituto de Desarrollo Rural a condonar deudas a nuestros agricultores, adquiridas por el otorgamiento de tierras.

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Es un asunto de Justicia, no un abuso, como las jugosas pensiones de lujo o los altísimos salarios de algunos jerarcas que en sus palacetes se hacen millonarios a costa de todos.

Este proyecto busca ayudar a un sector marginado, golpeado, descuidado.

La composición de la deuda que vienen arrastrando los parceleros, previa al 2005, hace que el cincuenta y seis por ciento de ella corresponda a núcleos familiares y un 20,5 por ciento a organizaciones de productores, fundamentalmente cooperativas.

Con el afán de estimular la producción nacional, se inició el otorgamiento de parcelas agrícolas a grupos familiares, obligándolos a realizar un pago mensual sobre el costo de la tierra otorgada y una tasa de interés, con la intención de recuperar recursos para reinvertirlos en la compra de nuevas tierras.

Los grupos familiares beneficiados con parcelas agrícolas, en su gran mayoría, han utilizado estas como medio de subsistencia, sin embargo, en muchos casos, estas están ubicadas en lugares sin accesos de infraestructura por los cuales sacar las cosechas, no cuentan con servicios básicos y han sido afectadas por aspectos climáticos y de plagas que han hecho que la producción y comercialización se vea afectada, generando retrasos en los pagos.

Tal es el caso de buena parte de parceleros de Cartago, afectados por la caída de ceniza del volcán Turrialba.

De acuerdo con el Departamento Financiero del Inder se observa un esfuerzo de los beneficiarios por pagar sus deudas, pero la mayor parte de su producción es para su propia subsistencia y un porcentaje marginal para comercialización, dado que los parceleros deben escoger entre dar el pago completo al INDER o alimentar a sus familias.

Las características de pobreza y falta de servicios básicos en que viven estas familias, las hace calificar dentro de la línea de pobreza que utiliza FODESAF para otorgar asistencia social.

La nueva ley consiste autoriza a la Junta Directiva del INDER, por el término de dos años contados a partir de la publicación del Reglamento, a condonar parcial o totalmente, las deudas pendientes de pago por concepto del principal e intereses corrientes, moratorios y póliza, por la asignación a título oneroso de predios otorgados antes del 31 de diciembre de 2005 por el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) o Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), a personas físicas o jurídicas.

Montos iguales o inferiores a ¢6 millones se condonarán en un 100%. Montos superiores a ¢6 millones se les condonará un 50% de la deuda.

Celebramos que la Asamblea Legislativa diera una satisfacción a los parceleros, quienes han clamado a gritos por una ayuda, en medio del hambre y del dolor, de familias enteras.

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