La respuesta afirmativa a la pregunta que sirve de título a este comentario, la han dado, principalmente, quienes han ocupado altos cargos públicos, desde presidentes hasta ministros de la Presidencia. Probablemente, el fundamento de este decir es, primero, que no lograron imponer sus criterios a la Asamblea Legislativa, con lo cual se sintieron frustrados. Y segundo, ciertamente, mucho más importante que la anterior razón, es porque desconocían o ignoraban el ordenamiento jurídico de mayor rango; entendido este por la Constitución Política y unas pocas leyes mayores, como lo son la Ley General de Administración Pública, la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos y sobretodo las leyes de Planificación y la de la Contraloría General de la República.

El cuerpo jurídico anterior, dota a los funcionarios públicos, en todos sus niveles, del marco legal suficiente y necesario, para llevar a cabo una gestión administrativa eficaz y eficiente. Si no lo hacen con apego a la ley, es su responsabilidad y no del marco jurídico.

El doctor Johnny Meoño Segura, académico, comentarista de La Nación, pero sobretodo profundo y analítico estudioso de la Administración Pública de Costa Rica, por más de 35 años, titula uno de muchos artículos sobre este tema “¿Por qué se gobierna mal?”. Sintetizando el citado artículo nos dice “Hemos visto propuestas partidistas infundadas en lo legal y viciadas de ineficacia administrativa pues responden a numerosas improvisaciones de personas que decidieron partir “de cero” en sus diagnósticos y propuestas, producto ello de querer “ahorrarse” el esfuerzo intelectual y académicamente laborioso de estudiar, reconocer y aplicar ese aparentemente complejo pero sistémico marco legal vigente que, es nuestra tesis de décadas, sí permite máxima gobernabilidad del país… siempre y cuando sea debidamente sistematizado y jerarquizado en lo conceptual, competencial y funcional.

Lo anteriormente citado del doctor Meoño Segura, nos sirve para afirmar que la supuesta ingobernabilidad tan careada por los altos funcionarios públicos y políticos, no es otra cosa que el producto de la falta de estudio, conocimiento y capacidad para aprender sobre las bases jurídicas que dan sustento a nuestra Administración Pública. Esto es debido a, como muy atinadamente dice don Johnny, “…querer “ahorrarse” el esfuerzo intelectual y académicamente laborioso de estudiar, reconocer y aplicar ese aparentemente complejo pero sistémico marco legal vigente…”.

Sin embargo, igualmente existe algún importante sector de la ciudadanía que tiene la misma percepción de que el país es ingobernable, empero, habría que decir que sus motivos son de origen muy distinto al que tienen los políticos, citados en el párrafo anterior; las razones de este otro descontento, se encuentran en la falta de respuestas oportunas por parte del Estado a las necesidades y expectativas, cada vez más crecientes, de la ciudadanía. Cuando una persona requiere cualquier tipo de servicio o bien del Estado y lo único que obtiene es una interminable retahíla de que no se puede o tiene que esperar hasta que San Juan baje el dedo -como dice el viejo refrán popular-, es cuando la gente siente que el Estado es ingobernable pero lo que real y simplemente es, es inoperante pero no por culpa del marco jurídico, sino por la ignorancia de quienes tienen a su cargo nuestra administración pública.

La respuesta afirmativa a la pregunta que sirve de título a este comentario, la han dado, principalmente, quienes han ocupado altos cargos públicos, desde presidentes hasta ministros de la Presidencia. Probablemente, el fundamento de este decir es, primero, que no lograron imponer sus criterios a la Asamblea Legislativa, con lo cual se sintieron frustrados.