Pongamos varios ejemplos. El problema de Uber no radica en el propio sistema ni en sus conductores sino en nuestras malas costumbres. Si 50 placas de taxi no fuesen propiedad de un mismo individuo, si las mismas fueran asignadas individualmente, si el servicio fuese eficiente y si los taxistas no se vieran obligados a pagar un alquiler diario de la totalidad de su ganancia diaria, los mismos obtendrían más facilidades para bajar precios, aportarían mayores ventajas y ofrecerían al consumidor una experiencia más satisfactoria al recibir el servicio. Por tanto, Uber no se habría visto obligado a irrumpir en el mercado para satisfacer una demanda presente y simplificar la movilidad urbana.
Otro ejemplo claro consiste en la factura electrónica, la cual se reduce en una clara simplificación y en una mayor recaudación para el Ministerio de Hacienda. Por medio de la misma es factible que el monto de cualquier factura quede registrado en los archivos, haciendo más ágil el proceso de declaración de renta ya que se contemplarán las ventas y los gastos de cada empresa.
Actualmente, dicha institución espera a la declaración y la revisa. Con dicho modelo, el proceso quedaría invertido pues sería el Ministerio de Hacienda quien aportaría conocimiento de los ingresos de las empresas y emitiría su monto a pagar sin esperar declaraciones en una fecha límite.
Pese a los beneficios demostrables que las tecnologías disruptivas aportan a nuestra sociedad, como automatizar los procesos y reducir el “chorizo”, las mismas no consiguen fluir en un país como el nuestro, donde la afectación directa a un reducido grupo de beneficiarios de una organización echa al traste cualquier proyecto.