Jueves, 26 Mayo 2016 05:56

Tomar partido por el pueblo

La Asamblea Legislativa acaba de adoptar, por mayoría, una resolución instando al Gobierno de la República a asumir una posición firme ante la situación venezolana y, particularmente, con el derecho a la libertad de los presos políticos en ese país.

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Dicha resolución expresa, además, la solidaridad con el pueblo venezolano y pide respeto al principio de separación de Poderes en esa nación así como a la Asamblea Nacional democráticamente electa.

Aunque suene increíble, las fracciones del Frente Amplio y de Acción Ciudadana votaron en contra de la moción, con el alegato de que, en palabras del Jefe de Fracción del FA, don Edgardo Araya, “mal hacemos en tomar partido de alguna de las dos partes”.

El problema es que no hay lugar a la duda cuando una de las partes es el pueblo de una nación amiga, gobernado de manera dictatorial por un grupo que, además de su matriz antidemocrática, ha mostrado una incompetencia enciclopédica.

En un caso así, hay que tomar partido y solo quedan dos opciones para hacerlo: con el pueblo o con el dictador. La verdad es que un caso así, el escapismo no es posible, por más que se intente.

De modo que el FA y el PAC no pueden ocultar un hecho fundamental: votaron en contra de expresar la solidaridad de la Asamblea Legislativa de Costa Rica con el pueblo de Venezuela y con la Asamblea Nacional de Venezuela que fue democráticamente electa de la misma manera que lo fue la actual Asamblea Legislativa de Costa Rica.

El mensaje es claro, los mismos que hoy no toman partido en solidaridad con un pueblo que sufre hambre, miseria masiva, enfermedad sin acceso a un servicio de salud, cárcel por razones políticas y que ve irrespetada su voluntad soberana de darse una Asamblea Nacional que no es títere del régimen.

Esos congresistas del PAC y el Frente Amplio que se niegan a defender la democracia en Venezuela y al pueblo venezolano, son los mismos que en Costa Rica anuncian, con tambores de guerra, que llevarán el país al caos, con tal de no aceptar la tramitación y aprobación de leyes que eviten un descalabro en las finanzas públicas en nuestro país.

Costa Rica queda avisada.

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