Obviamente, este es un tema que despierta gran interés, ya que afecta y concierne a muchos. En nuestra asociación somos del criterio de que hay puestos que no requieren armas y así lo hemos manifestado. Pero también somos conscientes de que hay otros que sí podrían necesitarlas y que no están en la lista de casos de excepción a que hace referencia el acuerdo 2016-132, del Ministerio de Seguridad Pública.

La regulación que busca hacer el gobierno tiene como fundamento la protección de la ciudadanía, pues para las autoridades de Seguridad Pública, un hospital, un centro comercial, un hotel, incluso un banco, no tienen por qué contar con oficiales armados, pues si ocurre un asalto, robo o enfrentamiento, hay más riesgo de que inocentes queden en medio de un fuego cruzado y en eso estamos de acuerdo. Pero, también debe existir la excepción si un alto ejecutivo de alguno de esos sitios está en peligro de ser secuestrado o hay amenazas contra un lugar público, solo para citar dos ejemplos.

Estamos de acuerdo con que haya regulación, el Estado está obligado a hacerla, y esto quedó confirmado por la Sala Constitucional, al rechazar una Acción de Inconstitucionalidad y declarar sin lugar un Recurso de Amparo, ambos interpuestos contra el acuerdo en mención. Pero insistimos en que debe haber flexibilidad y permitir las armas donde realmente se requieren, en ese sentido avalamos la posición externada por el Director de Servicios de Seguridad Privados DSSP, Roberto Méndez, quien dijo que la herramienta de Evaluación de Riesgos no está hecha en piedra y que está abierto a las observaciones que hagan las empresas de Seguridad.

Creemos que esa es la mejor forma, ir modificando el método conforme se hagan evidentes sus falencias o excesos. El otro gran desafío que tenemos gobierno y empresarios, tiene que ver con los mismos clientes, porque se ha arraigado erróneamente la idea de que un oficial debe estar armado siempre y en residenciales, condominios y muchos negocios así lo exigen, cuando hay otras armas no letales con las que se puede dar un servicio de calidad.

En este sentido, insistimos, hay puestos que pueden prescindir de las armas, otros no. Para eso, se debe aprovechar este plazo que vence el 18 de julio, y quienes sí requieren de oficiales armados, han de presentar el estudio correspondiente. Estamos de acuerdo con el control, pero también apuesta a la flexibilidad.