Es responsabilidad de todos nosotros mantener unida a nuestra patria. Todos somos responsables de que Costa Rica siga siendo una nación integrada política y socialmente, y también una nación integrada por las oportunidades económicas en el marco del proceso de globalización.

Gracias a nuestro sistema político democrático, Costa Rica está constituida por ciudadanos  libres, quienes bajo un régimen de derecho consolidado, aunque no perfecto, son responsables del destino de la nación, no solamente mediante el ejercicio del sufragio, sino también participando desde diversas instancias en el proceso de toma de decisiones.

Hablar de un gobierno de unidad nacional, no significa en ningún momento la afirmación de  que para todos los asuntos políticos estará la sociedad enteramente de acuerdo. Esto no solamente sería una utopía, sino también el desconocimiento de la democracia misma. Precisamente, porque la divergencia es el fundamento de la democracia.

Pero no es posible, bajo ninguna excusa, justificarse el rompimiento del orden público, solamente porque algunas decisiones políticas no son del agrado de todos los sectores. La responsabilidad ciudadana se pone de manifiesto cuando en la adversidad es capaz de respetar el criterio de mayoría; y la responsabilidad del Estado se evidencia con una sólida institucionalidad defensora de los más altos valores morales y de la convivencia en armonía social.

Discrepar es perfectamente normal. Pero oponerse a todo lo que viene del Gobierno, incluso, viéndolo como un enemigo permanente, es caer en la teoría de la conspiración, cuya actitud, al igual que la pobreza, también amenaza la integridad de la nación. La oposición y todos los grupos de interés y de presión son vitales para la democracia, pero su comportamiento no debe amenazar la seguridad del sistema político.

El ejercicio de la autoridad política está determinado por el pueblo, por ello, corresponde al Gobierno actuar con estricto apego a los intereses de la colectividad, es decir, al bien común. Y en esta tarea, la labor gubernamental tendrá que descansar en la inclusión de todos los sectores sociales en la discusión de los temas que a todos nos atañe.

Para lograrlo, es preciso establecer un plan estratégico en función de objetivos y prospectiva nacional. El Gobierno y la sociedad civil están llamados conjuntamente para abordar los grandes y prioritarios temas en los campos político, económico y social, porque solo así es posible hablar de un Plan Nacional de Desarrollo en un gobierno de unidad nacional.