Es conocido que un elevado porcentaje de las agresiones contra niños y niñas llegan a otros hospitales o no se contabilizan por no llegar a ningún centro médico. En todo caso, 22. 995 niñas o niñas agredidos al año es una cifra escalofriante. Decenas de miles de niños y niñas en Costa Rica viven, cotidianamente una guerra en sus propios hogares cuyos agresores son sus padres, hermanos mayores, tíos, abuelos, padrastros, primos o vecinos.
Es terrible que un país que ha sido capaz de declararle la paz al mundo y a la naturaleza no haya sido capaz, al mismo tiempo, de declarar la paz a sus propios niños y niñas en el seno de sus hogares; es decir a nuestros propios hijos, sobrinos y nietos. Eso resulta inaceptable.
El artículo 55 de la Constitución Política establece que la protección especial de los niños y la niñas no solo le corresponde al PANI sino a todo el Estado y, desde luego, al conjunto de la sociedad. Para cumplir con este mandato constitucional está en trámite legislativo un proyecto de ley que obliga al Estado y sus instituciones a destinar un monto de sus elevados recursos para promover una cultura de paz en los hogares y de respeto a la integridad de los niños y las niñas.
Cabe destacar que hay instituciones públicas que destinan decenas de miles de millones a gastos en publicidad comercial y en patrocinio de actividades como topes de yeguas, corridas de toros, conciertos musicales. Esas instituciones, con mucho más razón, deberían destinar ingentes recursos a promover una cultura de paz en nuestros hogares y promover el respeto de los derechos de los más vulnerables, entre ellos, sin duda, los niños y niñas. Eso es lo que busca el proyecto de ley.
La violencia familiar nunca es un hecho privado. Al ser la familia la base fundamental de la sociedad, cualquier patología que afecte a la familia afectará de muchas formas al conjunto de la sociedad. Es terrible constatar, con base en cifras del Hospital Nacional de Niños y Niñas, que el 50% de las víctimas de violencia en los hogares corresponde a menores de tres años. Esa victimización marcará para siempre a esos seres humanos.
Costa Rica debe declarar la paz en los hogares. Así como aprendimos a hacer fila para tomar el bus, no fumar en ciertos lugares o lavarnos los dientes todos los días; tenemos que impulsar un proceso de educación sistemático, masivo y sostenido en el tiempo para aprender que a los niños y las niñas no se les agrede.Ese es el primer aprendizaje. Si educamos familias capaces de crear y formar a sus hijos sin violencia, con el tiempo tendremos una sociedad más respetuosa, menos violenta y más segura.
La inversión en estos temas vale la pena. No sería racional que haya una sola institución pública que se oponga a esta iniciativa y, por el contrario, todas las instituciones deberían acogerla con responsabilidad y entusiasmo, pues los problemas y las soluciones de nuestra sociedad siempre inician en nuestros hogares.
Lic. Gerardo Vargas Rojas