Sin esa reflexión y sin las conclusiones acertadas, difícilmente saldremos adelante.
Los sentimientos colectivos se componen de una compleja mezcla, que van desde la frustración y el desencanto por la política en general, hasta la cólera y el deseo de que las cosas se resuelvan por vías no convencionales. ¡Peligrosos sentimientos! Sobre todo, si tomamos en cuenta que las vías democráticas no están cerradas, aún con la poca o nula confianza que le merecen a los ciudadanos las autoridades encargadas de velar por la limpieza del sufragio y la no injerencia de fuerzas extrañas en los procesos electorales.
En efecto, pocas veces en la historia se han puesto de manifiesto el empleo de los poderes públicos junto a las influencias políticas y económicas, en el mal uso o la malversación pura y simple de los recursos estatales, literalmente asaltados por contratistas inescrupulosos o por la coima como mecanismo idóneo para obtener ventajas económicas.
La relación entre poder político o institucional y poder económico; la relación entre poder político y clientelismo electoral y la relación entre ese tipo de poder político y la entrega de Costa Rica a las fuerzas financieras y corporativas trasnacionales, es ahora más evidente que antes. Es necesario reconocer que algunos importantes medios de prensa, han contribuido a alertar, parcialmente, a la ciudadanía. Por eso hablamos de “relaciones evidentes”, porque desde la vieja y oscura historia del bipartidismo, esas prácticas estuvieron a la orden del día aunque por lo general ocultas a los ojos de las personas.
Por otro lado, el actual gobierno ha llevado a límites insospechados la dispersión del poder estatal y la toma de decisiones, lo que estaría muy bien si en última instancia alguien dijera la última palabra y asumiera a plenitud la responsabilidad sobre esas decisiones. Pero no es así. Cada ministerio o institución es parte de un archipiélago donde el jerarca hace y deshace sin rendirle cuentas a nadie. Esto ha creado un estado general de impunidad, donde las culpas y responsabilidades sobre los hechos delictivos cometidos al amparo del poder se diluyen y por ende no se personalizan en los funcionarios encargados de la vigilancia o el adecuado funcionamiento de las instituciones.
Es así como un jerarca irresponsable nombra a cerca de 8000 nuevos funcionarios en la CCSS, en una de las mayores maniobras clientelistas de las últimas décadas, por la que nadie le pidió cuentas pero a renglón seguido, fue nombrado en el bien amado ICE, donde las irregularidades cunden. Del mismo modo, un Ministro de Hacienda comprometió a la ARESEP con un pago multimillonario de alquileres y nadie le pidió cuentas. A su vez, una Contralora contraviene, con la mayor frescura, la indicación del superior jerárquico, la Asamblea Legislativa, que le hacía saber que sería ese órgano, quien asumiría la tarea señalada expresamente por la Constitución, de estudiar y resolver sobre el contrato sobre la terminal portuaria de Moin. Álvaro Montero Mejía
Sin esa reflexión y sin las conclusiones acertadas, difícilmente saldremos adelante.
Los sentimientos colectivos se componen de una compleja mezcla, que van desde la frustración y el desencanto por la política en general, hasta la cólera y el deseo de que las cosas se resuelvan por vías no convencionales. ¡Peligrosos sentimientos! Sobre todo, si tomamos en cuenta que las vías democráticas no están cerradas, aún con la poca o nula confianza que le merecen a los ciudadanos las autoridades encargadas de velar por la limpieza del sufragio y la no injerencia de fuerzas extrañas en los procesos electorales.
En efecto, pocas veces en la historia se han puesto de manifiesto el empleo de los poderes públicos junto a las influencias políticas y económicas, en el mal uso o la malversación pura y simple de los recursos estatales, literalmente asaltados por contratistas inescrupulosos o por la coima como mecanismo idóneo para obtener ventajas económicas.
La relación entre poder político o institucional y poder económico; la relación entre poder político y clientelismo electoral y la relación entre ese tipo de poder político y la entrega de Costa Rica a las fuerzas financieras y corporativas trasnacionales, es ahora más evidente que antes. Es necesario reconocer que algunos importantes medios de prensa, han contribuido a alertar, parcialmente, a la ciudadanía. Por eso hablamos de “relaciones evidentes”, porque desde la vieja y oscura historia del bipartidismo, esas prácticas estuvieron a la orden del día aunque por lo general ocultas a los ojos de las personas.
Por otro lado, el actual gobierno ha llevado a límites insospechados la dispersión del poder estatal y la toma de decisiones, lo que estaría muy bien si en última instancia alguien dijera la última palabra y asumiera a plenitud la responsabilidad sobre esas decisiones. Pero no es así. Cada ministerio o institución es parte de un archipiélago donde el jerarca hace y deshace sin rendirle cuentas a nadie. Esto ha creado un estado general de impunidad, donde las culpas y responsabilidades sobre los hechos delictivos cometidos al amparo del poder se diluyen y por ende no se personalizan en los funcionarios encargados de la vigilancia o el adecuado funcionamiento de las instituciones.
Es así como un jerarca irresponsable nombra a cerca de 8000 nuevos funcionarios en la CCSS, en una de las mayores maniobras clientelistas de las últimas décadas, por la que nadie le pidió cuentas pero a renglón seguido, fue nombrado en el bien amado ICE, donde las irregularidades cunden. Del mismo modo, un Ministro de Hacienda comprometió a la ARESEP con un pago multimillonario de alquileres y nadie le pidió cuentas. A su vez, una Contralora contraviene, con la mayor frescura, la indicación del superior jerárquico, la Asamblea Legislativa, que le hacía saber que sería ese órgano, quien asumiría la tarea señalada expresamente por la Constitución, de estudiar y resolver sobre el contrato sobre la terminal portuaria de Moin.
Álvaro Montero Mejía
