Fue votada el 29 de noviembre de 1947, recomienda la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen internacional particular. 14.000 km², con 558.000 judíos y 405.000 árabes para el Estado judío, 11.500 km², con 804.000 árabes y 10.000 judíos para el Estado árabe, 106.000 árabes y 100.000 judíos para la zona bajo control internacional que comprende los Santos Lugares, Jerusalén y Belén.

Entre los dos estados se debe establecer una unión económica, aduanera y monetaria. Aprobada por 33 votos incluidos los Estados Unidos y la extinta Unión Repúblicas Soviéticas Socialistas, frente a 13 votos en contra y 10 abstenciones, incluida Gran Bretaña, que veía tras esa resolución problemas mantener su influencia en la región.

Esta resolución fue rechazada por los árabes y criticada por los sionistas, que a pesar de todo se adhirieron a ella. La resolución jamás será aplicada y seis meses después de su aprobación, el 15 de mayo de 1948, el mismo día en que finalizó el mandato Británico de Palestina y fue proclamado el Estado de Israel, comienza así la primera guerra árabe-israelí.

Han pasado casi 63 años, desde que se dio la citada resolución; Israel tiene un estado consolidado para beneficio de su pueblo; sin embargo, los palestinos siguen no solo sin tener una zona geográfica sobre la cual se manifieste el derecho a la autorrealización del pueblo palestino.

La razón la intolerancia y la falta de respeto al derecho de tener una vida exenta de presiones y abusos externos. Este mal paradójicamente lo sufrieron millones de judíos, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron víctimas de una política de exterminio brutal, justificada en la sin razón y demencia de una personaje que los acusó a ser los únicos responsables de todos los males que vivía la humanidad.

Paradójicamente, el Estado de Israel, de alguna forma, tiene una política de agresión a los derechos humanos de las y los palestinos, similar a la que el pueblo judío experimentó de parte del nazismo.

Dado lo anterior, la lógica diría que ese genocidio vivido en la carne de millones y millones de judíos, debería haber servido para que el Estado Israel hiciera una profunda y empática revisión de su política hacia el pueblo palestino.

Por el lado del pueblo palestino, fundamentalmente, la respuesta, durante todos esos casi 63 años, ha sido la violencia y a pesar de ver los resultados infructuosos de esta suicida práctica, ambos pueblos insisten en ella.

La resolución 181 de la ONU debe ser cumplida en todos sus extremos y la comunidad internacional debe ser garante de que esto sea así. Sin embargo, tanto lel pueblo israelí como palestino, también deben comprometerse con establecer relaciones inteligentes, visionarias respetuosas y pacíficas entre ambos pueblos, comprometiéndose los respectivos gobiernos a controlar a lo interno de cada estado a cualquier grupo que de manera irracional persista en seguir recurriendo a la violencia.

Fue votada el 29 de noviembre de 1947, recomienda la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen internacional particular. 14.000 km², con 558.000 judíos y 405.000 árabes para el Estado judío, 11.500 km², con 804.000 árabes y 10.000 judíos para el Estado árabe, 106.000 árabes y 100.000 judíos para la zona bajo control internacional que comprende los Santos Lugares, Jerusalén y Belén.

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Quienes tuvimos la endeble ilusión de que estábamos frente a una nueva forma de entender la política, por parte de los partidos representados en la Asamblea Legislativa, a raíz de la conformación de la llamada Alianza por Costa Rica, con gran tristeza y mayor preocupación, debemos reconocer que, al menos, uno de sus integrantes, el PAC, tiene dueño, al juzgar por lo que hemos visto en los últimos días.

Ese dueño como tal, sus actuaciones lo evidencian, actúa por sí y ante sí, por encima de lo que piense su directorio político, sus diputadas y diputados. Hasta ignora los compromisos adquiridos con las otras agrupaciones políticas, que hicieron posible lo impensable, que un diputado del PAC, fuera en el actual Presidente Legislativo.

La acción del señor Otón Solís deja manifiesto, que a él no lo desvela las obligaciones de mediano y largo plazo, contraídas, con las otras agrupaciones integrantes de la Alianza, de por sí ya el PAC obtuvo lo único a lo podía aspirar en esta Asamblea Legislativa, la Presidencia pues la próxima según lo acordado, le correspondería al Movimiento Libertario, ahora sin duda, en la cola de un venado. Estas acciones nos evidencian que el PAC si tiene dueño pues son muy similares a otras que hemos visto, en el pasado, en agrupaciones políticas que sin duda también tuvieron y tienen dueño.

Voy a hacer mis propias conclusiones que pretenden explicar esa acción del señor Otón Solís, primero que nada, busca provocar una ruptura con y de la Alianza, para no tener que cumplir con el resto de los compromisos adquiridos, no solo por la fracción del PAC y hasta del mismo Directorio Político de ese partido, el cual le dio luz verde a su bancada para que se integrara a la Alianza por Costa Rica.

Segundo, marcar la cancha al dejar claro, que si bien él no tiene puesto formal alguno dentro del PAC, sigue siendo quien decide el rumbo de esa agrupación, lo cual quedó más que claro, cuando a pesar de las quejas de algunos diputados sobre las acciones emprendidas por el señor Solís, al final, todas y todos aceptaron sus directrices.

Tercero, la experiencia legislativa y política de don Otón, le deberían decir que ese supuesto apoyo a la nueva intentona fiscal del gobierno, está condenada a muerte pues tal como, lo anunció la señora Vicepresidente de la Asamblea Legislativa Patricia Pérez Hegg, ya están preparando carretilladas de mociones al proyecto, como lo hizo, en el pasado, el Movimiento Libertario, que al final, impidieron la aprobación de los últimos paquetes impulsados de las administraciones Figueres, Rodríguez y Pacheco.

Y la cuarta y última, tiene la muy equivocada idea, en mi concepto, de que esta jugadita, le aportará réditos electorales, a punto tal, que un grupo de ciudadanos, le pidan reconsiderar su decisión, de no participar más en la lucha electoral pues él es el único que podría salvar a la Patria de la crisis actual, en la que ciertamente está.

Todo eso puede sonar muy bien, excepto por una cosa y es que, la inmensa mayoría del pueblo, ya está harta de esas triquiñuelas burdas de los políticos tradicionales, que solo han redundado en el beneficio del manda más de los partidos y el de sus allegados. El pueblo ya exige otra forma de actuar en política, porque entiende que si se repiten procedimientos, no se deben esperar resultados nada diferentes.

Quienes tuvimos la endeble ilusión de que estábamos frente a una nueva forma de entender la política, por parte de los partidos representados en la Asamblea Legislativa, a raíz de la conformación de la llamada Alianza por Costa Rica, con gran tristeza y mayor preocupación, debemos reconocer que, al menos, uno de sus integrantes, el PAC, tiene dueño, al juzgar por lo que hemos visto en los últimos días.

En una oportunidad anterior, dije en los grupos virtuales en los que participo, que como disfrutaba de participar en estas nuevas tecnologías de comunicación pues gracias a ellas, ahora considero, que soy un poco menos ignorante, de lo que era al iniciar mi participación.

A raíz de un tema de eso muy y muy interesantes que pone en su muro la señora Mónica Segnini, como los que también pone, en no pocas ocasiones, el amigo Emilio Bruce, entre otros, se han producido una gran variedad de comunicaciones, unas de fondo y otras más de forma sobre las opiniones, de quienes participamos dando nuestros pareceres. Ante todo este intercambio de mensajes y posiciones, tenemos prácticamente solo dos opciones, asumirlas a la defensiva o proactivamente.

Quienes optan por ser reactivos o defensivos, por razones que no voy a entrar a analizar y mucho menos juzgar pero sí voy hacer unas pocas consideraciones generales sobre esta actitud, que a mí parecer bloquean que se dé una comunicación efectiva. Aquellos que optan por ser reactivos, hacen sus mejores esfuerzos por descalificar los argumentos de aquellos que sienten sus opositores porque no comparten los mismos pensamientos, creencias e ideas. Su participación generalmente está cargada adjetivos calificativos, que lejos de fortalecer epistemológicamente sus argumentaciones, tienden más bien a buscar descalificar a su interlocutor o interlocutores, con la falsa creencia de que así fortalecen sus argumentos. Nada más apartado de la realidad.

Por otro lado, están los proactivos, dentro de los quiero y me esfuerzo por estar yo, quienes parten de que no existe una verdad absoluta, sino una gran variedad de verdades relativas y absolutamente transitorias y para entenderlas tienen muy claro  que estas obedecen  a un determinado contexto, tanto histórico como cultural.

Otro elemento importante de destacar es que quienes son proactivos, fundamentalmente, buscan ser empáticos con los demás seres humanos, esto quiere decir que se esfuerzan por ponerse en los zapatos de los otros pues solo así, medio se podrá entender sus motivaciones para asumir determinadas posiciones. Esto también implica que dejemos de lado, por lo menos transitoriamente, nuestras propias creencias, para así no oponer resistencia al decir del otro, sobretodo si este además difiere de nuestras posiciones.

Es bueno y sano tener reacciones adecuadas a los estímulos que recibimos de nuestro entorno. Esto algunos lo llaman Inteligencia Emocional. Si alguien o alguna situación logra sacarnos de las casillas, tendremos que decidir qué hacer, luego que se disipe nuestro enojo y podamos pensar con más claridad. Decía el filósofo griego Aristóteles: “Enojarse es fácil; lo difícil es enojarse con la persona correcta, por el motivo correcto, en el momento correcto y de la forma correcta”.

Debemos identificar bien al enemigo, no nos vayamos a equivocar. El enemigo no está en ninguno de los bandos que disienten; el enemigo se esconde detrás de cualquier discurso, cualquier máscara de cualquier color. El enemigo se llama VIOLENCIA. Duro con el problema suave con la gente.

En una oportunidad anterior, dije en los grupos virtuales en los que participo, que como disfrutaba de participar en estas nuevas tecnologías de comunicación pues gracias a ellas, ahora considero, que soy un poco menos ignorante, de lo que era al iniciar mi participación.

Lo primero que habría que decir en relación a la doctora María Luisa Ávila es que ella no es política, me corrijo, no es POLITIQUERA, la Dra. Ávila hizo un juramento, respetar la Constitución Política y las leyes, entre otras, la Ley No. 5525 y la Ley General de la Administración Pública de 1978. Precisamente en ese respeto a su juramento, como un compromiso ineludible e incondicional con Dios, la Patria y con ella misma, se encuentra el fundamento de su renuncia a su cargo como Ministra de Salud y rectora de este sector.

Lo anterior, lo digo tomando como base lo que por años, ha venido diciendo el doctor Johnny Meoño Segura, sobre las responsabilidades jurídicas que tienen el o la Presidente de la República y las y/o los ministros rectores.

Dr. Meoño: "Las instituciones autónomas están sujetas a la dirección política del Poder Ejecutivo, a través de la presidente y de la o del ministro rector. Mi tesis es que lo están porque su competencia de dirección tiene fundamento constitucional (art. 140.8), igual que la noción de autonomía de gobierno y administración que se le concede a las instituciones autónomas como la Caja. Y no es posible pensar que la primera, que es del Gobierno, esté subordinada a la segunda que es de un ente autónomo. Precisamente, corresponde al Poder Ejecutivo no sólo vigilar el exacto cumplimiento de la Ley de las instituciones autónomas (CP, art. 140.3), sino dirigirlas para lograr el desempeño unitario e integral que la misma Constitución Política ordena del Gobierno (CP, art. 140.8)".

La posición de la Dra. Ávila en el sentido de que era ella junto con la señora presidente, las directas responsables por ley, a intervenir a la CCSS, es jurídicamente correcta.

Sin duda la salida del gobierno de la Dra. Ávila es una pérdida para el país ya que en todos estos años al frente del Ministerio de Salud, ha demostrado que no le ha temblado la mano para hacer cumplir las leyes de salud, así haya tenido que buscarse la animadversión hasta de algunas y algunos diputados. Pero lo tal vez lo más grave de su salida, es que el gobierno se queda, quizás, sin su único integrante, que tiene muy claro los alcances de su juramento de hacer cumplir la Constitución Política y las leyes de la República, por encima de cualquier otra consideración e inexacta interpretación de ellas.

Este gobierno, como todos los anteriores, tiene un plazo finito que cumplir pero la Constitución y las leyes vigentes no, al menos mientras no sean modificadas, siguiendo el trámite constitucionalmente descrito para esos efectos, perduran en el tiempo, a lo igual que sus obligaciones para gobernados pero también para las y los gobernantes.

Doña María Luisa puede irse tranquila porque, en la medida de sus posibilidades, hizo lo propio por cumplir con Dios, la Patria, la Constitución Política y con las leyes pero al hacerlo así, cumplió también con ella misma.

Excelente ejemplo de compromiso con Costa Rica y con uno mismo.

Lo primero que habría que decir en relación a la doctora María Luisa Ávila es que ella no es política, me corrijo, no es POLITIQUERA, la Dra. Ávila hizo un juramento, respetar la Constitución Política y las leyes, entre otras, la Ley No. 5525 y la Ley General de la Administración Pública de 1978. Precisamente en ese respeto a su juramento, como un compromiso ineludible e incondicional con Dios, la Patria y con ella misma, se encuentra el fundamento de su renuncia a su cargo como Ministra de Salud y rectora de este sector.

La indiscutible y delicada situación financiera que atraviesa la Caja Costarricense del Seguro Social y la inadecuada prestación de servicios de salud a los asegurados, pareciera estar sirviendo de excusa y hasta de mampara, para que algunos sindicatos de esta estratégica institucional social, los utilicen para llevar adelante la defensa y mantención de algunos privilegios que disfrutan sus integrantes y no así el resto de los trabajadores del país.

Nos referimos a las incapacidades y a la pretensión de los sindicatos de que no se manejen como subsidios; así como, por el pago por disponibilidad, que perciben algunos médicos. Ambos rubros, a todas luces, representan importantes erogaciones de dinero para la institución. La primera de estas situaciones, cuenta incluso con un dictamen negativo, de la Procuraduría General de la República, sobre su validez legal.

Pero veamos ¿Cuál es el río revuelto? Este simplemente, es la crisis financiera y el descontento de las y los asegurados, el que viene, desde hace mucho tiempo, producto de no haber recibido una atención oportuna y de calidad por parte de la Caja.

Sin embargo, debemos tener claro que mucha de esa inadecuada atención, que han recibido no pocos asegurados, la han recibido de parte de quienes están integrados a la huelga, los que parece más que defender a la estratégica institución social, lo que buscan es defender sus intereses particulares y de grupo.

Como apuntaba don Luis Alberto Jáen Martínez, en un comentario transmitido hace días, aquí mismo, una huelga se hace en contra de quienes son los dueños de una entidad, con el propósito de causarles daño directo y así obligar a una negociación.

En el caso de esta huelga, hay que decir que en sus efectos negativos, si está dirigida contra los dueños de la Caja Costarricense del Seguro Social, que no son otros que los trabajadores asegurados y específicamente los enfermos con derecho y urgencia de ser atendidos oportunamente. Estas personas, una vez más, ven rezadas sus necesidades al ser usados casi como rehenes, para presionar a las autoridades de la institución y del gobierno, para así obtener beneficios sectarios.

Por otro lado, resulta también que los sindicatos de la Caja, están también llamando a que se le sumen a la huelga a otras organizaciones sociales, especialmente sindicatos del sector público, los que seguramente también, a su vez, tienen reclamos particulares en defensa de sus respectivos intereses; los cuales incluso podrían ser absolutamente razonables pero esto no les autoriza a lesionar los también derechos de otros grupos y personas.

En este país debemos dejar de ser reactivos ante los problemas nacionales, para comenzar a ser profundamente proactivos, donde la inteligencia, la responsabilidad ciudadana y las luchas justas por el bienestar de las mayorías sean el norte a seguir.

La indiscutible y delicada situación financiera que atraviesa la Caja Costarricense del Seguro Social y la inadecuada prestación de servicios de salud a los asegurados, pareciera estar sirviendo de excusa y hasta de mampara, para que algunos sindicatos de esta estratégica institucional social, los utilicen para llevar adelante la defensa y mantención de algunos privilegios que disfrutan sus integrantes y no así el resto de los trabajadores del país.

La indiscutible y delicada situación financiera que atraviesa la Caja Costarricense del Seguro Social y la inadecuada prestación de servicios de salud a los asegurados, pareciera estar sirviendo de excusa y hasta de mampara, para que algunos sindicatos de esta estratégica institucional social, los utilicen para llevar adelante la defensa y mantención de algunos privilegios que disfrutan sus integrantes y no así el resto de los trabajadores del país.

Nos referimos a las incapacidades y a la pretensión de los sindicatos de que no se manejen como subsidios; así como, por el pago por disponibilidad, que perciben algunos médicos. Ambos rubros, a todas luces, representan importantes erogaciones de dinero para la institución. La primera de estas situaciones, cuenta incluso con un dictamen negativo, de la Procuraduría General de la República, sobre su validez legal.

Pero veamos ¿Cuál es el río revuelto? Este simplemente, es la crisis financiera y el descontento de las y los asegurados, el que viene, desde hace mucho tiempo, producto de no haber recibido una atención oportuna y de calidad por parte de la Caja.

Sin embargo, debemos tener claro que mucha de esa inadecuada atención, que han recibido no pocos asegurados, la han recibido de parte de quienes están integrados a la huelga, los que parece más que defender a la estratégica institución social, lo que buscan es defender sus intereses particulares y de grupo.

Como apuntaba don Luis Alberto Jáen Martínez, en un comentario transmitido hace días, aquí mismo, una huelga se hace en contra de quienes son los dueños de una entidad, con el propósito de causarles daño directo y así obligar a una negociación.

En el caso de esta huelga, hay que decir que en sus efectos negativos, si está dirigida contra los dueños de la Caja Costarricense del Seguro Social, que no son otros que los trabajadores asegurados y específicamente los enfermos con derecho y urgencia de ser atendidos oportunamente. Estas personas, una vez más, ven rezadas sus necesidades al ser usados casi como rehenes, para presionar a las autoridades de la institución y del gobierno, para así obtener beneficios sectarios.

Por otro lado, resulta también que los sindicatos de la Caja, están también llamando a que se le sumen a la huelga a otras organizaciones sociales, especialmente sindicatos del sector público, los que seguramente también, a su vez, tienen reclamos particulares en defensa de sus respectivos intereses; los cuales incluso podrían ser absolutamente razonables pero esto no les autoriza a lesionar los también derechos de otros grupos y personas.

En este país debemos dejar de ser reactivos ante los problemas nacionales, para comenzar a ser profundamente proactivos, donde la inteligencia, la responsabilidad ciudadana y las luchas justas por el bienestar de las mayorías sean el norte a seguir.

La indiscutible y delicada situación financiera que atraviesa la Caja Costarricense del Seguro Social y la inadecuada prestación de servicios de salud a los asegurados, pareciera estar sirviendo de excusa y hasta de mampara, para que algunos sindicatos de esta estratégica institucional social, los utilicen para llevar adelante la defensa y mantención de algunos privilegios que disfrutan sus integrantes y no así el resto de los trabajadores del país.