Jueves, 14 Julio 2016 05:56

De la opacidad a las tinieblas

Costa Rica es un país que ha sido reconocido, hasta hace poco, como una nación ejemplar en la defensa de las libertades públicas, en especial por su permanente compromiso con la libertad de expresión y el respeto al derecho de los ciudadanos de acceder y poder divulgar sin censura la información de interés público que consta en todos los departamentos administrativos del Estado, tal y como lo ordena nuestra Constitución Política y la ley que de ella se deriva. Los medios de comunicación costarricenses han jugado en esa labor, la destacada función de servir de eficientes contralores de la actividad pública.

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Nunca debemos olvidar que el ejercicio del poder político, y el acometimiento de las funciones de Gobierno, impone el insoslayable deber de someter al control y la fiscalización ciudadana responsable, todas las actuaciones que se realicen.

Las autoridades públicas, comenzando por quienes ejercen los más altos cargos y responsabilidades, no pueden ni deben atentar contra aquellos derechos, libertades y garantías reconocidas a los habitantes de este país, ni pretender desentenderse del deber de resguardar celosamente su debida observancia y respeto.

Lo ocurrido con el manejo de la pauta publicitaria del Banco Nacional, para perjudicar a un medio de comunicación por el contenido de las informaciones que aquél divulgó, lamentablemente debe llamarnos, una vez más, a la reflexión preocupada en esta materia.

Muchas son las rutas que pueden seguir quienes ejercen el poder pero no asumen, en su verdadera dimensión, los compromisos jurídicos y éticos que les impone el desempeño de sus funciones. Aquella ausencia de compromiso real, normalmente se traduce en directriz para ocultar malas actuaciones; disimular omisiones; o maquillar impericias, que perjudican a la colectividad.

La censura al conocimiento y la información puede ser directa, ya sea a través de prohibiciones, o del control de los contenidos que pueden difundir los medios de comunicación, como hace poco se pretendió durante esta misma administración. Pero la censura también puede quererse hacer efectiva, a través de expedientes indirectos, que provoquen la autocensura de los propios medios y la misma desinformación en las personas. La vía más usual para ello, es la asfixia económica de los canales mediáticos que ejerzan oposición “no deseada” por quienes quieren detentar poder, sin ser cuestionados por sus decisiones.

Cuando el Gobierno y la administración de los recursos públicos se alcanza y ejerce sobre el clamor de una población que demandó la limpieza de las nebulosas que enturbiaban la transparente gestión pública, no es propio hacer transitar a esa misma población de la opacidad cuestionada, a las más absolutas tinieblas de la censura y la desinformación. Por ese camino, solo se transita caminando descalzos sobre polvo de cristales de promesas rotas.

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